La seguridad laboral en la salmonicultura entra al debate legislativo

El 30 de junio de 2026, el sector salmonicultor chileno recibió una señal legislativa que pocos esperaban con tanta rapidez: el anuncio formal de la denominada Ley Koñimo, una iniciativa orientada a reforzar los estándares de seguridad para los trabajadores de la industria del salmón. Para la Región de Los Lagos, donde esta actividad emplea directamente a más de 30.000 personas entre centros de cultivo, plantas de proceso y servicios asociados, la noticia no es menor. Representa una oportunidad concreta de elevar las condiciones laborales de quienes sostienen una industria que en 2025 superó los US$ 6.000 millones en exportaciones a nivel país.

¿Qué propone la Ley Koñimo y por qué importa en Los Lagos?

La Ley Koñimo —cuyo nombre evoca la voz mapuche-huilliche que refiere al trabajo colectivo y al cuidado mutuo— busca establecer protocolos obligatorios de seguridad específicos para las faenas acuícolas, diferenciándose de la normativa general contenida en la Ley N°16.744 sobre accidentes del trabajo. La industria del salmón presenta riesgos laborales particulares: trabajo en plataformas flotantes, manejo de redes en mar abierto, exposición a condiciones climáticas extremas en el archipiélago de Chiloé y en las aguas interiores de Puerto Montt, Calbuco y Hualaihué.

Según datos del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), los incidentes en centros de cultivo han mostrado una tasa de accidentabilidad superior al promedio industrial nacional, particularmente en las faenas nocturnas de alimentación y en las operaciones de cosecha. La nueva ley apuntaría a estandarizar los equipos de protección personal (EPP), los protocolos de evacuación en balsas-jaula y los tiempos de descanso entre turnos en mar.

El peso territorial: Los Lagos como epicentro productivo

No existe forma de discutir seguridad laboral en salmonicultura sin anclar el debate en la Región de Los Lagos. Aquí se concentra aproximadamente el 60% de la biomasa salmonídea del país, distribuida entre las provincias de Llanquihue, Chiloé y Palena. Empresas como Mowi, Cermaq, AquaChile y Multiexport operan centros de cultivo en fiordos y canales que exigen a sus trabajadores condiciones de trabajo únicas, distintas a cualquier otra industria regional.

La Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile) ha señalado en reiteradas oportunidades que la industria ha avanzado en protocolos internos de seguridad, especialmente tras los compromisos adquiridos con certificadoras internacionales bajo estándares como el Aquaculture Stewardship Council (ASC). Sin embargo, la existencia de una ley específica —con fiscalización a cargo de la Dirección del Trabajo y coordinación con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)— significaría que esos protocolos dejen de ser voluntarios para convertirse en obligaciones legales exigibles.

Oportunidades y desafíos de implementar la norma en terreno

La perspectiva desde Los Lagos obliga a mirar la iniciativa con realismo. Las oportunidades son claras:

• Mayor atracción de talento técnico: Mejores condiciones laborales pueden aumentar la retención de técnicos acuícolas formados en instituciones como la Universidad de Los Lagos, la Universidad Austral de Chile y los centros del SENCE regional, quienes hoy migran a otras industrias por percepción de riesgo elevado.
• Diferenciación competitiva internacional: En mercados como la Unión Europea y Estados Unidos —destinos que concentran más del 70% de las exportaciones de salmón chileno—, la certificación de condiciones laborales dignas es un argumento de venta creciente, especialmente ante la presión de compradores con políticas ESG estrictas.
• Reducción de costos por accidentabilidad: Cada accidente grave en un centro de cultivo implica paralizaciones, investigaciones de SERNAPESCA y potenciales sanciones de la SMA. Una normativa clara puede reducir estos episodios y sus costos asociados.

Pero los desafíos también son reales y no deben subestimarse:

• Costo de adaptación para empresas medianas y pequeñas: Las grandes salmonicultoras tienen capacidad para absorber inversiones en equipamiento y capacitación. Las empresas de servicios asociadas —buzos, transportistas de alevines, empresas de redes— enfrentarán mayores presiones financieras.
• Fiscalización en zonas remotas: Los centros de cultivo en Palena, Aysén y los fiordos más australes de Chiloé son difícilmente accesibles para inspectores laborales. Sin recursos humanos y logísticos adicionales para la Dirección del Trabajo, la ley corre el riesgo de aplicarse de forma desigual.
• Tiempos de implementación: El anuncio legislativo es solo el inicio. El proceso en el Congreso, la dictación de reglamentos y la capacitación de fiscalizadores puede extenderse por años, mientras los trabajadores continúan operando bajo el marco actual.

Seguridad laboral y competitividad exportadora: dos caras de la misma moneda

Un error frecuente en el debate público es oponer seguridad laboral y competitividad industrial como si fueran fuerzas contradictorias. En el caso de la salmonicultura de Los Lagos, la evidencia internacional apunta en sentido contrario. Noruega, el principal competidor global de Chile en salmón atlántico, opera bajo una de las normativas laborales más exigentes del mundo y lidera simultáneamente en productividad y precio FOB por tonelada.

La Ley Koñimo, si logra traducirse en una norma bien calibrada para la realidad operativa de los fiordos chilotes y los canales patagónicos, puede convertirse en un argumento adicional para que compradores europeos y norteamericanos prefieran el salmón chileno sobre alternativas de regiones con menores estándares. En un contexto donde el Reglamento de Debida Diligencia de la Unión Europea ya exige trazabilidad social y ambiental en las cadenas de suministro, llegar con una ley específica aprobada es una ventaja negociadora concreta.

Para los profesionales y técnicos de Los Lagos que trabajan en esta industria —desde los operadores de centros de cultivo en Dalcahue hasta los ingenieros de proceso en las plantas de Puerto Montt—, este debate no es abstracto. Es la definición de las condiciones en que pasarán sus próximos años laborales y del tipo de industria que heredarán las generaciones de trabajadores acuícolas que hoy se forman en las aulas regionales.

Conclusión: Los Lagos necesita estar en el centro de la discusión legislativa

El anuncio de la Ley Koñimo llega en un momento en que la salmonicultura chilena enfrenta simultáneamente presiones sanitarias por el virus ISA, exigencias regulatorias crecientes del DS49 y la necesidad de renovar concesiones bajo nuevos criterios ambientales. Sumar una reforma laboral de fondo es ambicioso, pero necesario. Lo crucial es que la Región de Los Lagos —como principal territorio productivo del sector— tenga voz activa en el diseño de los reglamentos de implementación. Las realidades de un centro de cultivo en Quellón no son las mismas que las de una planta procesadora en Puerto Montt, y la ley debe ser suficientemente flexible para reconocer esa diversidad operativa sin perder su fuerza normativa.

• ¿Está tu empresa o lugar de trabajo preparado para cumplir con estándares de seguridad más exigentes si la Ley Koñimo se aprueba en su forma actual?
• ¿Qué rol deberían jugar las universidades e institutos técnicos de Los Lagos en la capacitación laboral que exige una nueva normativa de seguridad acuícola?
• ¿Cómo puede la Dirección del Trabajo fiscalizar eficazmente centros de cultivo en zonas remotas de Chiloé y Palena sin recursos logísticos adicionales?
• ¿La Ley Koñimo puede convertirse en un argumento comercial para diferenciarse en mercados exigentes como la Unión Europea o seguirá siendo solo un costo regulatorio?
• ¿Qué mecanismos de participación tienen los trabajadores de la salmonicultura regional para incidir en el contenido final de esta legislación antes de su promulgación?