La tramitación de concesiones de acuicultura sigue siendo el principal obstáculo para expandir la mitilicultura en Los Lagos. Análisis del problema y sus salidas.
La Región de Los Lagos concentra más del 80% de la producción nacional de mejillón (Mytilus chilensis), consolidándose como el corazón mundial de la mitilicultura a escala artesanal e industrial. Sin embargo, detrás de las cifras exportadoras —que en años recientes han superado las 50.000 toneladas anuales con destino a Europa y Asia— persiste un problema estructural que los propios productores identifican como su mayor freno: la demora en la tramitación y asignación de concesiones de acuicultura. Un proceso que en Chile puede extenderse entre tres y siete años, convirtiendo lo que debería ser una palanca de crecimiento en un laberinto administrativo.
Para los mitilicultores de Calbuco, Dalcahue, Queilén o Quellón, acceder a una nueva concesión no es solo un trámite: es la diferencia entre escalar su operación o mantenerse estancados en superficies insuficientes para satisfacer la demanda internacional. El tema ha vuelto a tomar urgencia en 2026, en un contexto donde la presión sobre los espacios costeros de Los Lagos se intensifica y los episodios de Floraciones Algales Nocivas (FAN) —las llamadas mareas rojas— continúan impactando la planificación productiva de largo plazo.
En Chile, las concesiones de acuicultura son reguladas por la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) y su tramitación involucra a múltiples organismos: la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), la Armada de Chile, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y los gobiernos regionales, entre otros. Este cruce institucional, aunque tiene sentido desde la perspectiva de la ordenación del borde costero, genera cuellos de botella documentados.
El Decreto Supremo N°49 (DS49), que establece las normas ambientales para la acuicultura, suma una capa adicional de exigencias técnicas que los solicitantes deben cumplir antes de iniciar operaciones. Si bien estas regulaciones son necesarias para proteger los ecosistemas costeros de Los Lagos —estuarios, fiordos y canales de alta sensibilidad ecológica—, su aplicación no siempre va acompañada de plazos razonables ni de ventanillas ágiles.
Según datos manejados por la industria y representantes del sector en Los Lagos, una solicitud de concesión de acuicultura puede demorar entre 36 y 84 meses desde su ingreso hasta la resolución definitiva. En ese lapso, las condiciones del mercado cambian, los espacios disponibles se reducen y los emprendedores o pymes mitilicultoras que iniciaron el proceso pueden quedar descapitalizados antes de ver aprobada su solicitud.
Esta situación afecta de manera desproporcionada a los pequeños y medianos productores, que no cuentan con el músculo financiero para sostener años de espera. Las grandes empresas del sector pueden absorber ese costo; una familia mitilicultora de Queilén o un emprendedor que busca escalar desde la pesca artesanal, no necesariamente.
La presión por más concesiones ocurre en paralelo a otra realidad que complica el mapa: los episodios de Veneno Paralítico de los Mariscos (VPM), popularmente conocidos como marea roja, siguen siendo una amenaza recurrente en las costas de Los Lagos. Durante 2025 y lo que va de 2026, varias zonas del archipiélago de Chiloé han registrado vedas sanitarias que obligan a paralizar cosechas, con impactos económicos directos sobre los mitilicultores.
Esta realidad introduce una pregunta legítima en el debate sobre la expansión de concesiones: ¿hacia dónde crecer si hay zonas con riesgo sanitario permanente? SERNAPESCA y el Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos (PSMB) monitorean permanentemente las áreas de cultivo, pero la distribución geográfica del riesgo FAN es dinámica y difícil de predecir con certeza de largo plazo.
Para algunos actores del sector, esto refuerza la necesidad de que el proceso de concesión incorpore análisis de riesgo sanitario prospectivo, considerando no solo las condiciones actuales del área solicitada, sino también modelos oceanográficos y climáticos que proyecten la vulnerabilidad futura de la zona. Una demanda técnica que está lejos de ser estándar en los procesos actuales.
Desde SalmonChile y organizaciones como la Asociación de Mitilicultores de Chile (AmiChile), el llamado es consistente: digitalización y simplificación de los procesos de tramitación, con plazos máximos vinculantes para cada organismo involucrado. La propuesta de una ventanilla única digital para concesiones acuícolas ha circulado en distintos espacios de política pública, pero aún no se materializa en un cambio sustantivo.
Desde el mundo académico regional, investigadores de la Universidad Austral de Chile (UACh) y del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) han planteado que la solución no puede ser solo administrativa: se requiere una zonificación costera inteligente, basada en datos ecológicos, oceanográficos y productivos, que permita identificar con anticipación qué áreas son aptas para nuevas concesiones y cuáles deben quedar protegidas o reservadas para otros usos. Esta herramienta, vinculada a la Política Nacional de Uso del Borde Costero, existe en teoría pero su implementación regional es aún parcial.
Desde CORFO Los Lagos, en tanto, se han impulsado instrumentos de financiamiento para que mitilicultores pymes puedan costear los estudios técnicos previos que exige la tramitación —batimetrías, estudios de impacto ambiental, análisis de corrientes—, reconociendo que esa barrera de entrada es, en muchos casos, tan determinante como la demora burocrática.
Más allá de los números y los trámites, hay una dimensión identitaria en juego. El mejillón de Los Lagos tiene un reconocimiento de origen en mercados europeos que lo diferencia y le otorga valor agregado. Ese sello depende, en parte, de mantener estándares sanitarios y ambientales rigurosos. Si la expansión de concesiones se hace sin planificación adecuada, existe el riesgo real de presionar ecosistemas frágiles, deteriorar la calidad del producto y, en última instancia, erosionar la reputación que ha costado décadas construir.
En ese sentido, el debate sobre concesiones no es solo un problema de gestión pública: es una conversación sobre el modelo de desarrollo de la mitilicultura en Los Lagos para los próximos veinte años. ¿Crecimiento extensivo o intensivo? ¿Más hectáreas o mejor tecnología en las existentes? ¿Apertura rápida de nuevas áreas o consolidación con estándares más exigentes?
No hay una respuesta única, pero es urgente que esa conversación ocurra con datos, con todos los actores en la mesa —productores, comunidades costeras, academia, reguladores— y con la mirada puesta en un horizonte de largo plazo que no hipoteque el patrimonio natural de la región.
